Mujeres exigen reformas y acciones contra la violencia institucional en Puebla
El 10 de diciembre, integrantes de la Colectiva Mujeres por el Derecho al Cuidado y una Vida Libre de Violencia se manifestaron frente al Congreso del Estado de Puebla para exigir reformas legislativas que mejoren la calidad de vida de las mujeres, con un enfoque especial en combatir la violencia institucional.
Entre sus demandas destacaron: capacitar a servidores públicos tras la aprobación de nuevas reformas, legislar para reconocer la violencia vicaria como un delito autónomo e impulsar sanciones severas contra funcionarios que revictimicen o ejerzan violencia institucional. Las activistas señalaron que, a pesar de los esfuerzos por visibilizar la violencia de género, muchas mujeres siguen enfrentando tratos inadecuados y negligencia por parte de las autoridades.
«Es inaceptable que las instituciones destinadas a protegernos sean las mismas que nos someten a tratos humillantes y prolonguen nuestra lucha por justicia», expresó una de las manifestantes.
Las activistas denunciaron que el sistema judicial y los servicios de atención pública no garantizan la protección ni el acceso efectivo a la justicia para las víctimas de violencia física, psicológica o sexual. Incluso revelaron que dos compañeras tuvieron que abandonar Puebla por temor a represalias graves, incluyendo la posibilidad de perder la vida.
Una de las peticiones clave de la Colectiva fue la capacitación de los servidores públicos tras la aprobación de nuevas leyes, como la Ley Monzón y la Ley Vicaria. Subrayaron que la falta de formación adecuada puede llevar a una implementación deficiente de estas normativas, dejando a las víctimas sin el apoyo que necesitan.
«La capacitación asegura que los servidores públicos comprendan y apliquen correctamente los cambios legales, contribuyendo a la justicia, la equidad y la eficacia en el funcionamiento de las instituciones», señalaron.
Durante la manifestación, las activistas intentaron entregar un pliego petitorio que incluyó propuestas específicas para atender la violencia institucional. Solicitaron la presencia de Laura Artemisa García, presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, quien no acudió. En su lugar, fueron atendidas por una representante del área de atención ciudadana, quien escuchó sus demandas en una breve reunión.
La movilización concluyó sin incidentes mayores, aunque generó inconformidad entre conductores debido al cierre temporal de la Avenida 5 Poniente. La Colectiva anunció que en las próximas horas dará a conocer los detalles de la reunión y los compromisos adquiridos por las autoridades, en caso de haberlos.
Las activistas hicieron un llamado urgente a los legisladores para que reconozcan la violencia institucional como una forma de violencia de género y actúen con firmeza para erradicarla. Advirtieron que, sin medidas efectivas, las mujeres seguirán enfrentando obstáculos para acceder a la justicia y una vida libre de violencia.
