Sólo el 6% de las Empresas en la Cuenca del Atoyac Cumple con Normas Ambientales: Urge una Mejora en la Supervisión
De las 122 empresas generadoras de residuos peligrosos registradas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en los municipios poblanos a lo largo del Río Atoyac, solo siete cumplen con las normativas sobre impacto y riesgo ambiental. Hasta mayo de 2024, la Semarnat había identificado estas fuentes de residuos en 10 de los 22 municipios que conforman la Cuenca del Alto Atoyac: Puebla, Cuautlancingo, Tlahuapan, San Andrés Cholula, San Salvador El Verde, San Martín Texmelucan, Coronango, Huejotzingo, San Pedro Cholula y Ocoyucan, según la solicitud de información 330026724002209. De todas estas empresas, solo una ha recibido una Licencia Ambiental Única (LAU) y otras seis han obtenido actualizaciones de este trámite, el cual exige cumplir con las normativas sobre impacto ambiental, manejo de emisiones, y tratamiento de residuos peligrosos.
Las 115 empresas restantes no cumplen con estas regulaciones, aunque algunos expertos y activistas sugieren que el número real podría ser mucho mayor. Menos del 10% de las empresas registradas cumplen con sus responsabilidades ambientales, lo que no solo causa graves impactos ambientales, sino que también muestra la debilidad en el control y supervisión de los residuos que se vierten al río, según Verónica Mastretta, consejera de la organización Dale la Cara al Atoyac.
La LAU no solo regula los residuos que una empresa genera, sino que también permite a la autoridad supervisar el tipo de sustancias producidas y su tratamiento. Por lo tanto, su autorización es crucial para las industrias ubicadas en la cuenca del río. La gestión ambiental de la administración federal saliente ha sido ineficaz, y se necesita un proyecto sólido para los próximos seis años que no se limite a ser una propuesta en papel, afirma Mastretta.
María Eugenia Ochoa García, académica y activista del Grupo Promotor de la Contraloría Autónoma del Agua de Puebla, destaca la urgencia de que el gobierno federal actúe con firmeza y supervise cada descarga de agua. La falta de licencias adecuadas indica un grave problema ambiental, y la preocupación por la contaminación del Atoyac y sus efectos en la salud es alarmante.
