Registro de Deudores Alimentarios en Puebla: Aprobado pero No Implementado, Activistas Exigen Acción
A pesar de que el Congreso Federal y Estatal aprobaron el Registro Nacional de Deudores Alimentarios a finales del año pasado, su implementación sigue sin concretarse. Esta falta de acción ha impedido que el Poder Judicial de Puebla comience a crear un padrón de presuntos deudores, dejando a muchas infancias sin el sustento económico que necesitan. Entre enero de 2023 y agosto de este año, se abrieron 704 carpetas de investigación por incumplimiento de obligaciones familiares, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Sin embargo, el Poder Judicial no ha registrado a ninguno de estos deudores.
Diana Luz Vásquez, activista y promotora del Registro Nacional, considera que esta situación refleja una falta de voluntad política, ya que muchos actores públicos y políticos son deudores alimentarios. Además, señala que un pacto patriarcal protege a estos individuos, permitiéndoles seguir en posiciones de poder sin enfrentar las consecuencias.
En noviembre de 2023, la aprobación de varias reformas bajo la «Ley Sabina» fue celebrada por activistas y legisladoras, con la promesa de que Puebla sería el estado número 23 en adecuar su legislación. Esta ley tenía como objetivo crear un registro de deudores alimentarios, quienes enfrentarían diversas restricciones, como la negativa de licencias, pasaportes, y la prohibición de postularse a cargos públicos o realizar trámites notariales.
Sin embargo, a pesar de la euforia inicial, el proyecto nunca se puso en marcha. El Poder Judicial debía crear un listado de deudores que se sumaría al registro nacional, pero hasta la fecha no se ha hecho. En una solicitud de información realizada en febrero de 2024, se confirmó que no existe ningún caso registrado en el Padrón Nacional.
Diana Luz Vásquez denuncia que esta omisión es una violación a los derechos de las infancias y acusa al Estado de seguir protegiendo a los deudores alimentarios. Activistas como Sheridan Mata y Gabriela Rosas señalan que, hasta ahora, la creación de este registro no ha sido una prioridad para las autoridades, lo que ha dejado a muchas madres y niños desprotegidos frente a la irresponsabilidad de los padres deudores.
